jueves, 9 de septiembre de 2010

La ONU condena a España por acoso a ecologistas en Extremadura

El veredicto lo ha dado Naciones Unidas, tras la denuncia de un grupo ecologista de Almendralejo (Badajoz), que lleva seis años peleando sin fondos ni subvenciones.

Alfonso Ortega | Interviu 


En España no se cumple con el acceso gratuito a la Justicia ni con el derecho a recibir información estatal y la participación pública de los ciudadanos. El veredicto lo ha dado Naciones Unidas, tras la denuncia de un grupo ecologista de Almendralejo (Badajoz), que lleva seis años peleando sin fondos ni subvenciones. La ONU ha criticado incluso al Gobierno español por hostigar a los activistas. 
Inquisidores”, “talibanes ecologistas˝ o “ignorantes˝ fueron sólo algunos de los insultos con los que el alcalde de Almendralejo(Badajoz), José María Ramírez Román(PSOE), se refirió a los miembros de una pequeña plataforma naturalista de esta localidad. ¿Su delito? Querían acceder y revisar con calma el Estudio de Impacto Ambientalde una refinería de petróleo proyectada en la zona.
Los ecologistas de la Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo encontraron todo tipo de pegas para acceder a la documentación y, cansados de semejante trato, acudieron directamente a Naciones Unidas. Tras seis años de litigio, el resultado ha sido demoledor. La ONU ha condenado a Estado español por acoso y por incumplir de manera reiterada los principios que establece el Convenio de Aarhus, ratificado voluntariamente por España en el año 2005. y que reconoce el derecho de acceso a la información, a la justicia gratuita y a la participación pública de los ciudadanos. Algo que, según Naciones Unidas, a día de hoy no se cumple en España.

El inicio del conflicto
Todo comenzó el 3 de junio de 2008, cuando el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz anunció que el informe de Impacto Ambiental de la refinería estaría accesible a los ciudadanos durante un mes en horario de oficina. La plataforma ecologista de Almendralejoconsideró el plazo insuficiente y solicitó sin éxito una copia digital del informe y cinco meses para presentar alegaciones. En lugar de eso, el colectivo obtuvo un silencio oficial y la acusación pública de “querer enviar a la gente al paro” realizada por el alcalde en los medios locales. Éste es el principal motivo por el que la ONU da la razón a la plataforma y señala a España por acoso.
Tal y como establece el artículo 3.8 del Convenio de Aarhus, ninguna persona podrá ser perseguida, acosada o vilipendiada. “El alcalde quería poner al pueblo en nuestra contra y asustarnos para impedirnos que hiciésemos uso de nuestros derechos civiles”, explica Félix Lorenzo, portavoz del colectivo denunciante, un pequeño grupo sin sede social, aportaciones financieras ni subvenciones. La ONU ha recordado también a España que el acceso a la Justicia para este tipo de colectivos tiene que ser completamente gratuito.
Naciones Unidas recibió en 2004 un informe preliminar sobre el caso y después de estudiarlo, invitó a los miembros de la plataforma denunciante a su sede en Ginebra para que se explicaran. El representante español en el organismo, José Manuel García Bartolomé, jefe del Área de Documentación e Información de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente, se excusó diciendo que el Estado no era responsable de las acciones de las autonomías. Sin embargo, esta excusa no fue válida ya que, al ser el país en su conjunto el que ratifica un convenio, es la Administración central quién debe velar para que se cumpla en toda su soberanía. La representación española aseguró, además, que no se le había enviado a la Plataforma una copia del proyecto en CD porque no existía. “Eso es falso, ya que nosotros pudimos consultarlo en dos ordenadores. Sin embargo el horario para poder verlo era incompatible con nuestro trabajo”, asegura Félix Lorenzo.
Problemas para España
Por su parte, el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez Morán, consultado por esta revista, ha declinado hacer declaraciones. El gobierno municipal asegura en sus alegaciones, presentadas hace un año, que ha cumplido por completo con la legalidad vigente y que nunca se negó a entregar la documentación a los denunciantes. El documento, firmado por el alcalde, no hace ni una sola mención de sus declaraciones en la prensa local contra el colectivo ecologista, uno de los hechos más criticados por la resolución de Naciones Unidas.
El dictamen de Naciones Unidas no favorece en absoluto a España, que –según el organismo– ha incumplido de forma reiterada los tres principios básicos del Convenio de Aarhus. El informe de la ONU pone en tela de juicio el papel del Defensor del Pueblo, que tras estudiar la denuncia de los ecologistas aseguró que no había habido infracción alguna. La resolución, emitida el pasado 12 de julio, “no condena directamente al alcalde, sino al Estado español por no tomar medidas, aun siendo consciente de la situación”, explica Lorenzo.
Ahora, España tendrá que subsanar lo ocurrido y evitar que se vuelvan a producir casos similares. Por lo pronto, en el año 2013 la ONU celebrará una reunión internacional donde los países que tengan casos abiertos habrán de explicar las medidas adoptadas para solucionar sus faltas.
En el documento, Naciones Unidas refleja que en España son las organizaciones más pequeñas las que más dificultades tienen para acceder a la Justicia, gratuita solo para las entidades declaradas de utilidad pública. Para que un colectivo de la sociedad civil obtenga esta calificación y pueda acudir sin coste a los tribunales, tiene que cumplir una serie de requisitos que nunca alcanzan las organizaciones sin fondos, personal, sede ni estructura fija.
Ley de Transparencia
La resolución de Naciones Unidas coincidió con el anuncio del Gobierno español para la aprobación del anteproyecto de la Ley de Transparencia Informativa, una promesa electoral del PSOE en los dos últimos comicios. El texto, coordinado por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, reconoce el derecho de acceso a la información pública y establece que la Administración tendrá que responder a los ciudadanos en un plazo máximo de 30 días o de 60 si la información solicitada es muy compleja. El borrador, que todavía no se conoce de manera oficial, ha sido tachado por las asociaciones pro-acceso como una oportunidad perdida de que España se ponga al día en el acceso a la información pública.
El portavoz de la Plataforma Contra la Contaminación en Almendralejo considera que esta ley“es una estafa más a los ciudadanos. Ya hay leyes que regulan estos temas y no se cumplen. Son palabras que de cara a la opinión pública quedan bien pero que solo sirven para engañar a la gente. Es pura demagogia. Esta ley da pasos atrás. Solo es literatura. El articulado impone leyes imposibles de cumplir. Aquí tenemos leyes de sobra, lo que hace falta es voluntad para cumplirlas”. Lorenzo considera que la medida que debería tomar el Estado español para solucionar estas carencias sería “modificar la legislación para adaptarse a lo que dice realmente el Convenio de Aarhus”.
El anteproyecto de la Ley de Transparencia ha levantado suspicacias incluso en su forma de elaboración, ya que las organizaciones civiles enmarcadas en la Coalición Pro-Acceso han criticado en varias ocasiones la falta de interés de la Administración para contar con ellas en el proceso de elaboración de la nueva ley.
Polémica refinería
El detonante de la denuncia presentada ante la ONU fue uno de los proyectos más famosos y controvertidos de Extremadura, la refinería que el empresario Alfonso Gallardo propone en la Sierra de San Jorge, en el término municipal de Santos de Maimona. El proyecto del grupo Balboa prevé una inversión de 2.500 millones de euros en el mayor proyecto industrial de la historia de Extremadura. Sin embargo, para algunos, las cuentas no salen. Un informe independiente, realizado por el profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco Roberto Bermejo, y publicado por Ecologistas en Acción, asegura que este proyecto no se podría llevar a cabo por un presupuesto menor de 8.500 millones de euros, más de que cuesta el mayor rascacielos de la ciudad norteamericana de Las Vegas.
El proyecto prevé el transporte de crudo con un oleoducto de 200 kilómetros de largo que arranca en las costas andaluzas y ha levantado las protestas de los principales colectivos ecologistas, preocupados por el volumen de vertidos, la depuración de las aguas y el incremento del tráfico marítimo de petroleros en la zona de Huelva. También la UNESCO ha pedido un Informe de Impacto Ambiental, preocupada por las posibles consecuencias del oleoducto en la zona de Doñana. Según los datos oficiales mantenidos por la Junta de Extremadura, la refinería Balboa supondrá la creación de 400 puestos de trabajo directos.

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